AGÜITA !!!

El Confidencial destapa que la trama investigada en Cataluña sobre la financiación ilegal del partido nacionalista de Artur Mas… la red del famoso y mafioso 3%, también salpica a una empresa murciana, empresa pública para mayor vergüenza, puesto que es socia privada del Ayuntamiento de Murcia a través de Emuasa, empresa municipal de aguas. Se trata de Aquagest. Aquagest Región de Murcia habría donado al CDC catalán al menos 60.000 euros, y Acuagest Levante unos 82.000 euros, así como una tercera Aquagest con sede en Valladolid, con una aportación de 20.000 euros. Todo esto ha ido conociéndose de la investigación abierta por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, que acusan al CDC de promover sus ideas políticas y nacionalistas con “mordidas” procedentes también de empresas de Murcia y Alicante. En uno de esos informes se comenta que “resulta absolutamente sorprendente que Aquagest Región de Murcia y Aquagest Levante suministren donaciones, bien a partidos, bien a fundaciones vinculadas a los mismos, de signo independentistas, en Cataluña”…

                Pero aún es más sorprendente que se pague con dinero público murciano ayudas a la financiación de partidos separatistas catalanes. Según señala dicho periódico, recogido de los informes de la Guardia Civil, 40.000 de dichos euros se pagaron a CIU un mes antes de la celebración de elecciones al Parlament, en los que esta formación se presentó con la reclamación de la independencia para Catalunya. Un par de días después, Aquagest soltó otros 20.000 euros. Todo esto figura en el sumario de la operación Petrum, que se investiga en el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, en Tarragona…

                Pero lo grave de esto es lo siguiente, según mi opinión, claro: que esta empresa, que presta sus servicios en diversos municipios de nuestra región, de donde obtiene sus recursos económicos, luego los emplee para apoyar causas secesionistas en otras regiones. Por supuesto que, como empresa, puede hacer con sus beneficios lo que considere oportuno, siempre, claro, que sea legalmente, pero cuando los dineros vienen de la gente, de la ciudadanía, debería primar cierta ética al menos.

                A mí, desde luego, personalmente me disgusta mucho que mi ayuntamiento pueda contratar servicios con empresas que ayudan a la financiación de movimientos independentistas en mi país. Ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer negocios con quienes estimen oportuno, es cierto, pero yo también debería tener derecho a que mi dinero, a cambio del cual recibo servicios públicos, no vaya a parar a esos fines. Y habré de decirlo. Y he de protestar por ello. Que a mis conciudadanos les dé igual o no, y prefieran callarse en el apacible adormecimiento del adocenamiento, es cosa suya, pero existe una administración que no debería mecerse en la espesura de conciencia, entre lo que es honesto y lo que resulta inmoral… It ist the question, que dijo el danés.