LEGAL INJUSTICIA

Esto es otro caso real de lo que ha venido siendo legal en este país, y aún lo sigue siendo en parte. Una señora mayor, viuda, es desahuciada de la casa en la que vive. El banco la hecha a la puñetera calle al no poder hacer frente a la hipoteca con que pagaba su vivienda. Nadie quiere darse cuenta que a los jubilados en España, aparte la reducción brutal por la muerte de uno de los conyuges, se nos quedan cortas las pensiones a cada día que pasa, ya que el costo de la vida sube en todos los sentidos, mucho más en los artículos de necesidad básica, esos que debieran estar controlados (¿?) por el estado, mientras las jubilaciones permanecen congeladas, si no contamos el insultante 0,1%... Incluso aquí mismo, en el pueblo de al lado de donde escribo, hasta a una mujer incapacitada se la quiere desalojar por la banca.

                Pero a esta señora de la que les hablaba, al poco tiempo de haber sido tirada a la calle, recibe una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le comunica que adeuda a Hacienda nosecuantos miles de euros en concepto del valor diferencial entre el costo original de su propiedad en el día de su compra y el valor por el que le ha sido retirada por el banco. Una plusvalía o algo parecido. No sirve de nada el hecho de que esta mujer no ha percibido un solo euro de esa “ganancia” virtual, sino que, además, se ha empobrecido sustancialmente. Y se da la sangrienta circunstancia que se le exige un pago tributario a una persona que ha perdido su casa precisamente por no poder pagar la hipoteca, justamente por eso mismo, por haber sido pedida por el valor superior al de la adquisición, y aunque así no fuera, también. Hay que pagar a Hacienda por ser despojado y desalojado. Por el propio hecho del desahucio.

                Admito que los supuestos en que se basa el erario público, en puridad son ajenos al conflicto que el contribuyente (porque solo somos eso, contribuyentes, sin el atributo de personas) tiene con su banco, y que es el de la estricta revalorización del inmueble, y que no se toma en consideración ninguna cualquier otra circunstancia, y que la reclamación se ajusta a la más absoluta legalidad…

                …Sin embargo, legalidad no significa honestidad, como tampoco lo contrario. De hecho, existen actos totalmente legales que son deshonestos, al igual que existen actos honestos que vienen a ser ilegales. Y esto es un hecho, y no en modo alguno una invención…

                Lo que ocurre con la Hacienda española es que, despreciando cualquier principio de equidad y de justicia – pues tampoco todo lo que es legal tiene por qué ser justo – a veces vienen a sumarse y alinearse con las pésimas prácticas de los carroñeros financieros. Por eso mismo que, en este país, los ciudadanos ya no saben distinguir entre ladrones y recaudadores, porque ambos actúan igual. Y eso tiene mucho que ver con el brutal y desproporcionado tratamiento fiscal entre ricos y pobres, aparte los métodos, más o menos mafiosos y conminativos, utilizados para con los segundos. La enorme brecha de la desigualdad y el chorreo imparable de la clase media hacia la pobreza desapareciendo como tal clase media (dos millones en el último año) es la prueba más palpable de esas malas prácticas.

                Aquí se persigue al desgraciado y se amnistía al privilegiado. Doy fé de ello.